Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero de 2018, que declaraba doblemente discriminatoria por razón de edad y discapacidad y anticonstitucional la regulación de la Comunidad de Madrid que impedía a una persona con discapacidad a acceder a un servicio social de residencia por superar determinada edad, cuando este era el más indicado a su situación y preferencias, el CERMI ha comprobado que otras muchas Administraciones sociales siguen manteniendo normativas similares, sin que el categórico pronunciamiento del Tribunal Constitucional las haya inducido a cambiar ese régimen jurídico discriminatorio.

 

Ante esta generalizada situación de incumplimiento de los mandatos constitucionales por parte de las Administraciones sociales, que deberían ser las primeras en observarlos, el CERMI solicita del Defensor del Pueblo que abra una investigación exhaustiva sobre la persistencia de este tipo de legislaciones y sobre las prácticas y vías de hecho administrativas que siguen incurriendo en esta reprobable discriminación.

 

El criterio de la edad en ningún caso puede operar en contra de los derechos de las personas con discapacidad a recibir unos servicios y apoyos de carácter social adecuados a sus elecciones vitales y a sus situación y circunstancias individuales, por lo que las normativas autonómicas y estatal que consientan esta discriminación deben ser urgentemente reformadas para acomodarse a la sentencia del Tribunal Constitucional.